Los grandes damnificados por el COVID-19
Residencias de ancianos y centros para personas dependientes son lugares donde el paso del COVID-19 ha dejado su rastro más brutal. En distinto grado y de diferente modo, sus usuarios—sanitarios y cuidadores incluidos—son colectivos que se han visto especialmente afectados por esta cruel pandemia.
Apenas 1.500 metros separan la Residencia de Mayores Adolfo Suárez y la Residencia Cepri La Peineta para personas con discapacidad intelectual por trastornos del espectro autista. Cinco minutos en coche y quince caminando. Por desgracia, desde un punto de vista emocional, el coronavirus ha acercado aún más a los familiares de los usuarios de ambos centros. Aunque no de la misma manera.
El foco de contagio en el asilo fue letal para los ancianos: todavía sin una cifra oficial, se calcula que han fallecido más de cuarenta. Una elevada tasa de mortalidad si se tiene en cuenta que no estaban cubiertas las 280 plazas disponibles. En el caso de los adultos autistas el gran problema fueron las bajas por contagio con COVID-19 del personal sanitario que atiende a los 19 residentes. Sus familiares decidieron costear la desinfección de las instalaciones y los test de diagnóstico para minimizar los riesgos.
Denuncia por la gestión del geriátrico
Los allegados de los mayores que viven en la Residencia Adolfo Suárez, dependiente de la Comunidad de Madrid, piden que se investigue el desarrollo de los acontecimientos en el centro y han denunciado ante la Fiscalía de Madrid la gestión de la crisis. La desgracia que supone la pérdida de un ser querido, con el triste añadido de no poder despedirse de él, ha ido además acompañada estos meses por una falta de información que ha multiplicado la angustia de los familiares de los residentes.
El establecimiento cerró sus puertas el pasado 8 de marzo y desde entonces apenas los efectivos de la Policía Local, el Samur y la Unidad Militar de Emergencias (UME) han podido acceder para revisar y comprobar si se realizan de forma adecuada los aislamientos de los residentes contagiados y proporcionar pautas médicas y de desinfección al personal. Precisamente el conjunto de profesionales que asisten a los ancianos también son de víctimas de la situación. Las bajas por contagio o sospecha de tener los síntomas de la enfermedad han diezmado la plantilla de la residencia Adolfo Suárez, ya bastante justa antes de la expansión de la pandemia.
Los mayores fueron considerados muy pronto como la población de mayor riesgo ante la expansión del coronavirus y sin embargo no se ha sabido o podido evitar que las residencias fueran los lugares más golpeados por la crisis sanitaria. Según cifras de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, referidas a todos centros autorizados en la región que prestan atención a personas mayores, con discapacidad y con enfermedad mental, desde que comenzó la pandemia han muerto 5.558 ciudadanos con diagnóstico positivo (986) o síntomas de COVID-19 (4.572).
El caso de la Residencia Cepri
La Residencia Cepri La Peineta para personas con discapacidad intelectual afectadas por trastornos del espectro del autismo (TEA), ubicada en el número 41 de la calle Zurich, también ha sido golpeada por el coronavirus. Al menos cuatro de sus 19 residentes han tenido que recibir atención o ser aislados al verse afectados por la enfermedad y doce de sus profesionales han causado baja en algún momento, por dar positivo o presentar síntomas. Voluntarios y personal del Centro de Día de la misma asociación, que ahora se encuentra cerrado, se incorporaron a la residencia para intentar mantener el servicio en las mejores condiciones posibles, un esfuerzo necesario y agradecido, pero que también supuso que profesionales no especializados debieran atender a los afectados.
Las circunstancias se agravan porque este tipo de internos no entienden de medidas de prevención o mantenimiento de las distancias de seguridad, lo que puede facilitar la propagación del virus. Con el fin de minimizar los riesgos, las familias decidieron costear la desinfección de las instalaciones, comprar materiales de protección y sufragar el pago de 11.000 euros a un laboratorio para que realizaran análisis, tanto a sus allegados como a los cuidadores. En estas condiciones, la conmemoración del Día del Autismo de 2020, el pasado 2 de abril, a buen seguro sólo podrá recordarse con tristeza.
