Dávila y Maíllo visitan un recurso pionero de atención a la discapacidad en San Blas-Canillejas
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, acompañada de la concejala de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo, visitaron las instalaciones del Reshogar Círvite, un recurso residencial pionero en el Distrito especializado en la atención a personas con discapacidad intelectual o en proceso de envejecimiento prematuro.
Reshogar Círvite es un recurso residencial ubicado en el Distrito de San Blas-Canillejas especializado en la atención a personas mayores con discapacidad intelectual o en proceso de envejecimiento prematuro.
En dicho acto presentaron el convenio firmado con el Colegio Oficial de Médicos de Madrid para aumentar el número de valoraciones a personas con discapacidad y agilizar la tramitación de solicitudes.
Visita institucional al Reshogar Círvite
Durante la visita, la consejera conoció de primera mano el trabajo que desarrolla esta entidad de la red de Plena Inclusión Madrid, que cuenta con este recurso pionero en España por su modelo de atención centrado en la persona y adaptado a las necesidades asociadas al envejecimiento del colectivo, y también por su diseño enfocado a la sostenibilidad ambiental.
Reshogar cuenta con 21 plazas públicas y ofrece, además de su área residencial, una atención integral de calidad que abarca aspectos médicos, psicológicos y sociales, con el objetivo de favorecer el bienestar, la autonomía y la calidad de vida de las personas atendidas.
Círvite trabaja desde hace varios años en iniciativas vinculadas al envejecimiento activo, la inclusión comunitaria y la participación social de las personas con discapacidad intelectual, desarrollando proyectos innovadores que fomentan la vida en comunidad y los apoyos personalizados en distintas etapas de la vida.
Impulso a la valoración de la discapacidad en la Comunidad de Madrid
Durante la visita, Dávila explicó además la situación de las valoraciones de discapacidad en la Comunidad de Madrid tras la puesta en marcha del convenio con el Colegio de Médicos. Durante las primeras semanas de funcionamiento, se han tramitado más de 500 expedientes de valoración, según la consejera.
La Comunidad de Madrid ha tramitado ya 537 expedientes de valoración del grado de discapacidad durante las primeras semanas de vigencia del convenio suscrito con el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. La media es de ocho informes semanales por facultativo. El objetivo es alcanzar los 80.000 reconocimientos anuales, entre nuevas valoraciones, revisiones y renovaciones.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, hizo un primer balance durante su visita al Reshogar Círvite, un recurso residencial pionero en España destinado a personas con discapacidad intelectual o en proceso de envejecimiento prematuro, ubicado en el Distrito de San Blas-Canillejas.
“Quiero destacar el compromiso de los 122 médicos adheridos a esta iniciativa, que demuestra la disposición de los profesionales sanitarios, algo que agradecemos especialmente y que van a prestar el apoyo necesario en los 10 centros base de la red pública que atienden en la actualidad”, subrayó Dávila. Asimismo, destacó que el objetivo del Gobierno regional es “incrementar hasta un 33 % la capacidad de resolución de estos procedimientos”.
El acuerdo de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Colegio de Médicos tiene como finalidad reforzar la elaboración de informes clínicos dentro de los procesos de reconocimiento del grado de discapacidad, mejorar el nivel de respuesta administrativa y reducir los tiempos de espera para los ciudadanos.
Los profesionales inscritos en este programa prestan el apoyo necesario a los facultativos de la red pública, que atienden en 10 centros las solicitudes de valoración del grado de discapacidad. Mediante este convenio, el ejecutivo autonómico pretende alcanzar los 80.000 reconocimientos anuales, entre nuevas solicitudes, renovaciones y revisiones, la reducción del volumen de expedientes pendientes y la disminución del plazo medio de resolución hasta un máximo de seis meses. El Gobierno regional destinará al año 2,3 millones de euros para acometer esta medida.
